Reflexiones motivadas por los últimos y muy sonados sucesos de la vida nacional que tienen tras las rejas a numerosos delincuentes de cuello blanco y cuyo protagonismo es evidente no solo por su condición y por la connotación que tiene su conducta delictiva sino por el tratamiento preferencial que han recibido por parte del poder judicial.
La finalidad de la pena privativa de la libertad apunta simultáneamente a la protección social, a la prevención de futuros delitos, a la retribución por los daños causados y a la resocialización del delincuente. Tres de esas metas no han sido alcanzadas en ningún país del mundo, pero la que sí se practica es la de la retribución, que se ejecuta como un castigo y para lo cual solo se necesitan recintos seguros para aislar a los acusados y condenados. No es una inversión políticamente rentable alcanzar las otras metas y por ello nunca existen los recursos suficientes para su implementación.
Además de ineficaz, selectiva, lenta y prostituta, la justicia penal colombiana cimenta su práctica en la protección del sindicado o condenado-élite y en la desprotección del sindicado-masa. El primero es objeto de una acuciosa defensa, tratamiento preferencial en inspecciones de policía, juzgados y cárceles, aunque la mayoría no van a ellas o si lo hacen es por pocos días y disfruta de un estricto cumplimiento de los términos legales. En fin, gozan en general de simpatía judicial y social porque sus casos son considerados como una desgracia. El sindicado-masa, por su parte, debe resignarse a una defensa de oficio, que es una burla a la justicia y, además, no es ni defensa ni oficiosa, es sometido a tratamientos despectivos y a veces violentos, al incumplimiento sistemático de términos y, en general, se gana una aversión judicial y social.
El "pincher" Arias, como se conoce al consentido exministro de agricultura de Uribe; Bernardo Moreno, exsecrtario general de la misma y corrupta administración; los hermanos Nule, Samuel Moreno y su hermano, el senador Ivan; los directivos del hospital de Meissen, el joven borracho que mató a dos damas con su carro de alta gama, los intocables burgueses de Interbolsa y los protagonistas de los más recientes y sonados casos de Odebrecht y el cartel de la "Justicia", son personajes que, tristemente, han recibido tratamientos preferenciales a pesar de la gravedad de los delitos que cometieron. Alcobas -léase verdaderas suites- les fueron asignadas en los sitios de reclusión a los que llegaron después de muchos meses de libertad. A ellos se les anunciaron los cargos por todos los medios y tuvieron tiempo de conspirar contra el mismo sistema penal, apoyados en sus reconocidos poderes políticos y económicos, antes de acudir a las audiencias respectivas. Esa facilidad para conspirar contra el sistema judicial, les permitió a la ex-directora del DAS, al propio "pincher" Arias, al exalto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo y a la excontralora Sandra Morelly, entre otros, salir del país para evadir sus responsabilidades. Los defraudadores del hospitales y EPS, es decir, quienes se roban la plata para la salud del pueblo y por culpa de quienes mueren muchas personas, recibieron el beneficio de casa por cárcel. Delincuentes de talla menor son encarcelados en celdas frías y oscuras desde el momento de la presunción de su culpa y ni decir de los ladrones de relojes, celulares y cadenas en las calles, quienes son maltratados físicamente antes de ser encerrados en calabozos hacinados.
Un exjefe de la Sijin en el Caquetá, capturado con casi 100 kilos de cocaína, hace algunos años, fue condenado a unos pocos meses, mientras cientos de campesinos se pudren en las cárceles porque les encontraron unas cuantas matas de coca en sus predios.
El magistrado Pretel sigue atornillado a su cargo a pesar de las graves denuncias en su contra y el propio Fiscal general, Néstor Humberto Martínez, salpicado por los graves hechos delictivos del exfiscal Moreno, mantiene su soberbia y saluda a la bandera a pesar de la descobijada prostitución de la justicia.
El aparato jurídico- penal es un poderoso instrumento de dominación que golpea principalmente a los sectores populares. Los más altos porcentajes de la población carcelaria pertenecen a los iletrados, gente con poca educación, campesinos, colonos e indígenas, que soportan hacinamiento y condiciones anti-higiénicas en todas las cárceles del país.
"La crisis carcelaria es un reflejo de la crisis del sistema penal y solo encontrará soluciones mediante reformas profundas de las estructuras políticas, sociales y económicas del Estado", pronosticó el inmolado maestro de las leyes Alfonso Reyes Echandía, en un trabajo divulgado pocos meses antes del holocausto del Palacio de Justicia y agregó que "tenemos que preferir la evolución a la revolución, pero si la evolución es muy lenta, estallará la revolución". Una sentencia premonitoria de la crisis que vivimos, 32 años después de su muerte.También hizo claros señalamientos en los que debatió los objetivos de venganza y expiación que tiene la pena en nuestro país para las minorías, para las personas de los estratos populares.
El nivel de efectividad real de las normas jurídicas es bajísimo, mientras los efectos nocivos de las prisiones aumenta en proporciones geométricas. Las cárceles son verdaderas universidades del delito y desde ellas se cometen crímenes de distinto tipo. Cuáles son las políticas de repersonalización y reinserción social y productiva de los prisioneros?.
En un día como hoy, cuando el Estado les celebra su día a los internos de las cárceles con un pedazo de carne mal asada y los familiares y amigos acuden a esos centros de reclusión para celebrar el único día de integración, se siente la angustiosa necesidad que viven esas personas para que alguien que no pertenezca al sistema y al poder, los escuche. Para que recoja su voz de soledad, de abandono, de marginación y de tristeza que los destroza y desintegra a su familia. Porque nuestro sistema carcelario, en lugar de rehabilitación, ofrece amargura, hostilidad, violencia y desmoralización entre la población que por distintas razones cae en las obsoletas pero peligrosas garras del resentimiento, de la discriminación y de la injusticia.
Otro tema que amerita la intervención urgente de los organismos encargados de la defensa de los derechos humanos es el relacionado con el alto número de inocentes que se encuentran en las prisiones, ratificado numerosos y dolorosos casos, de los cuales el del carpintero caqueteño, de San Vicente del Caguán, señalado como "extraditable" hace varios años. Después de 6 meses de penosa detención, volvió a su hogar. Mientras su traslado a Bogotá, se hizo en un vuelo charter, escoltado por helicópteros, su regreso tuvo que hacerlo en un bus de servicio público. Entre tanto, miles de culpables de los estratos altos, disfrutan de la libertad y continúan en la delincuencia.
Del mismo modo, es crítica la situación de los internos-masa en materia de salud. De acuerdo con estadísticas oficiales, durante el último año murieron al menos 6 internos como consecuencia de la ausencia de atención oportuna en medicamentos y procedimientos.
.El personal médico no recibe su sueldo, no hay medicamentos y los hospitales no atienden a los enfermos. La situación se salió de control y en varias ocasiones el gobierno ha decretado la emergencia carcelaria.
Además de la pena, los reclusos deben pagar la condena del contagio de graves enfermedades, adquiridas por causa del alto grado de hacinamiento y de las pésimas condiciones de higiene que son comunes en la mayoría de las cárceles del país, a las cuales NO llegan los sindicados ni los condenados de los estratos altos, por la "consideración" que reciben del aparato judicial o porque compran las decisiones de jueces y magistrados.
Un saludo para todos los presos "oficiales" en su día tradicional. Y otro, con abrazo, para quienes están presos de sus odios que no les permiten desarmar sus espíritus de cara a la reconciliación que reclama todo el país.
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